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LA VIOLENCIA DEL VIRUS EN COLOMBIA.

Escrito por el 27 abril 2020

UN ARTICULO DE OLGA L. GONZÁLEZ Y SERGE G LAURENS.

El coronavirus es un indicador de las profundas fracturas de nuestras sociedades. Es también el caso en Colombia, donde el manejo errático de la pandemia se verá agravado por la lista de problemas no resueltos: violencias, desigualdades, privatización de la salud, precariedad de los profesionales… a la que se suma el apoyo a la interferencia beligerante de los Estados Unidos en Venezuela.

El gobierno nacional y las autoridades locales están respondiendo a esta crisis acorde con los protocolos propugnados por las organizaciones internacionales y calcando la experiencia de otros países. Ahora bien, si el confinamiento es mundial, para cada país el proceso es diferente. El contexto colombiano es el de un país sujeto a una gran violencia, tanto social como política.

Hay varios indicios de que hay motivos de preocupación. Durante el primer confinamiento realizado por la Alcaldía de Bogotá entre el 20 y el 24 de marzo, se produjo un levantamiento en una de las cárceles más grandes de la capital, que estaba sobrepoblada (como todas las cárceles colombianas, con un excedente de entre 50% y 100%) y que, por lo tanto, exponía a los presos a riesgos sanitarios. El resultado de esta operación de confinamiento, que debía ser un simulacro exitoso fue ¡de 23 prisioneros muertos en esta prisión!. Con muy alta probabilidad, fueron asesinados por los guardias. Así, antes de la contaminación por el coronavirus, y debido a los temores ligados a ella, fue la represión oficial la que se cobró sus primeras víctimas.

En las zonas más alejadas de los centros urbanos, el confinamiento también da lugar a situaciones preocupantes: una ONG denuncia que en el Putumayo (sur del país), los grupos paramilitares de extrema derecha están ejerciendo un “control” sobre la población, matando y desmembrando a “ladrones venezolanos” y amenazando a la población local con el asesinato de los enfermos del Covid-19.

De hecho, el confinamiento no detiene claramente la violencia, sino que corre el riesgo de hacerla aún menos visible. Esto, claro, agrava la impunidad. Así, desde la promulgación de las medidas han continuado los asesinatos de ex combatientes de las Farc, la masacre de un sindicalista y su familia, los ataques de facciones disidentes de las Farc o el asesinato de líderes sociales.

Con una tela roja, habitantes de una ciudad colombiana claman por ayuda durante la cuarentena.
Milton Díaz – EL TIEMPO

En un contexto en el que la violencia es para muchos un medio de expresión, se producen actos de agresión al personal médico y de enfermería. Se esgrime que pueden ser portadores de la enfermedad. También se han visto escenas de violencia física por parte de un concejal contra un proveedor tras las acusaciones de corrupción en la ayuda humanitaria para los confinados. Y cuando un ayuntamiento intenta establecer un alojamiento de emergencia en un hotel confiscado a la mafia, la población local se rebela frente a la medida, a la vez que estigmatiza a los futuros huéspedes de este hotel (los califican de “indigentes”, un término muy peyorativo para desiganr a los habitantes de calle).

Como en todas partes, el confinamiento expone a los niños y las mujeres a la violencia en la esfera doméstica. El nivel de las violencias de género es ya muy elevado en tiempos “normales”, y por lo tanto, las amenazas son aún más preocupantes: en este país, mil mujeres son asesinadas cada año, y la violencia sexual contra los menores de edad dentro de la familia es constante. A esto se añaden otras violencias, como la que afecta a los jóvenes LGBT, a menudo rechazados por su entorno.

En este contexto ya muy difícil, el gobierno intenta encontrar respuestas. Por ejemplo, la Vicepresidenta Martha Lucía Ramírez ha propuesto confiscar el alcohol dentro de cada hogar para combatir la violencia de género, iniciativa que ha sido muy criticada por su paternalismo clasista, a la vez que por su imposibilidad de ser aplicada.

Una pandemia en un contexto de informalidad laboral

Aparte de estos problemas relacionados específicamente con la configuración muy violenta de Colombia, la pandemia se está produciendo en un país que, aunque tiene índices macroeconómicos bastante aceptables para los organismos internacionales, tiene desigualdades socioeconómicas muy grandes (es uno de los países más desiguales del mundo), un nivel muy alto de informalidad (el 58% de los trabajadores están en la economía informal) y una tasa muy baja de sindicalización (menos del 5%).

El gobierno se ha apresurado a anunciar una serie de medidas para atender las necesidades de los más desfavorecidos. Pero las dificultades para hacer llegar la ayuda en especie, así como el bajo nivel de acceso a los servicios bancarios y la desconfianza frente al sector financiero, que está muy concentrado y tiene unos costes de intermediación exorbitantes, complican mucho las cosas. La constante vacilación de este gobierno hace imposible saber cuál será el destino económico de los colombianos: por ejemplo, mientras que una nueva reforma presupuestaria es anunciada por el Ministro de Hacienda, el Presidente la niega al día siguiente.

Por el momento, en las vastas zonas pobres de las ciudades, los hogares han encontrado una manera de señalar su angustia alimentaria: una tela roja se cuelga ahora en las puertas o ventanas de las casas. La señal de alarma: «Significa que necesitamos que nos ayude el Gobierno económicamente porque hay muchas personas que se han quedado desempleadas». En algunas zonas empobrecidas, todas las casas están «marcadas» de esta manera. Por la noche, pese al estricto confinamiento, han estallado disturbios en las vastas zonas marginales de las ciudades, similares a los disturbios por hambre que se han visto en otras partes del mundo.

La resultante desesperación está tomando muchas formas. En los barrios acomodados de Bogotá se ha convertido en una escena tristemente habitual que gente necesitada pasee por las calles pidiendo a gritos que los vecinos confinados arrojen alimentos o dinero por las ventanas.

La motivación es la misma en todo el país: hambre, miedo y una sensación generalizada de desamparo institucional.

En Bogotá y Cali, los más desafortunados expresaron su descontento con la gestión de la crisis mediante multitudinarios cacerolazos. A pesar de la cuarentena, hay muchedumbres tomando las calles y bloqueando carreteras en protesta. La situación se recrudece a diario y durante los últimos días, la olla a presión explotó de manera violenta en varios puntos de Colombia: en el municipio norteño de Fundación, un grupo saqueó un almacén y en Medellín fueron atacados camiones que transportaban ayuda humanitaria.

En las principales urbes del país, cerca del 50% de la población trabaja en la economía informal. Un sector que se ha derrumbado por completo durante el confinamiento. Millones han perdido toda fuente de ingreso y no saben cómo sustentarse hasta el fin del aislamiento, previsto para el 11 de mayo.

El gobierno promete ayudar a los más vulnerables. «Familias en acción”, «Bogotá solidaria en casa”, «Ayudar nos hace bien” son los nombres rimbombantes de los principales programas de asistencia a la población necesitada en tiempos de la pandemia. Pero a un mes de la cuarentena muchas personas aseguran no haber recibido aún nada o demasiado poco.

Muchas de las familias y personas que durante la cuarentena han caído en situación de vulnerabilidad no estaban registradas en los sistemas de subsidio del gobierno. Censar a los necesitados es una labor extensa que toma tiempo.

Decretos presidenciales contra los profesionales de la salud precarios

En la actualidad, a la emergencia económica se suma una emergencia médica: en un país que ha privatizado su sistema de salud desde los años noventa, y donde el 80% del personal de salud tiene contratos laborales extremadamente precarios y condiciones de trabajo inaceptables (salarios no pagados durante varios meses, ausencia de seguro en caso de enfermedad profesional -incluido el Covid-, anuncio de una disminución del 20% de los salarios debido a la emergencia sanitaria, etc.), crece un movimiento de preocupación en el cuerpo médico y sanitario. La Federación de Médicos de Colombia realizó una encuesta a 880 personas del personal de salud del hospital; sus conclusiones son abrumadoras: sólo 50 personas declararon tener mascarillas N95, y sólo 25 tenían trajes de bioseguridad.

En este contexto, muchos de ellos se niegan a renovar sus precarios contratos de trabajo o amenazan con ir a la huelga. Ante esto, el gobierno emitió un decreto para obligar a los trabajadores de la salud a ir a sus lugares de trabajo. Se han iniciado conversaciones con los (pocos) sectores organizados (sindicatos) de este sector. Entretanto, ya han muerto cuatro médicos de Covid 19 (de 131 muertes oficiales)… y la comunicación oficial rinde homenaje a estos “héroes”.

El banquete de los corruptos

El gobierno central quiso ser más veloz en la entrega de sus ayudas financieras. Cruzando las informaciones de diferentes bases de datos oficiales trató de identificar rápidamente a los 3 millones de colombianos merecedores de un «Ingreso Solidario”. El resultado no fue el esperado. En los primeros días del programa, usuarios de Twitter denunciaron anomalías en la página de consultas del servicio. Allí se atribuían subsidios a personas que no forman parte de la población vulnerable, a cédulas con nombres falsos y a muertos. La página tuvo que ser temporalmente suspendida.

A pesar de todo, el presidente de Colombia, Iván Duque, asegura que «no hubo giros irregulares” y que «más del 99% de los beneficiarios recibieron sus recursos en el primer giro”. Para curarse en salud, Duque decretó que aquel que reciba un ingreso sin cumplir los requisitos deberá devolverlo.

En varias partes del país se han denunciado además, irregularidades en la contratación y entrega de las ayudas. «Es como si la corrupción y el abuso contra los colombianos no se hubiera ido de cuarentena”, dijo el Procurador General de la Nación Fernando Carrillo en una entrevista con la cadena colombiana RCN. «Estamos vigilando más de 800 mil millones de pesos en contratación.Y ya se ha determinado que más del 10 ó 12% se ha ido en sobrecostos. (…) Aquí parece que la gente se quiere aprovechar del hambre y las necesidades de salud de los colombianos para convertirlos una vez más en el banquete de los corruptos.»

Avaricia, dificultades logísticas, problemas administrativos…la mezcla de factores que exacerban la vulnerabilidad de los informales, desplazados y migrantes venezolanos en Colombia es explosiva. Y con cada día que no les llega la ayuda necesaria queda más evidente la desigualdad estructural de la que sufre Colombia y que ahora se manifiesta en su lado más peligroso.

La Fiscalía de Colombia anunció (24.04.2020) la apertura de investigaciones contra el ministro de Agricultura, Rodolfo Enrique Zea, cuatro gobernadores y otros funcionarios, por presunta corrupción en el manejo de los recursos destinados a atender la pandemia en el país, específicamente en la asignación de créditos para garantizar la producción agrícola durante la emergencia.

El pasado 17 de abril, la Contraloría (tribunal de cuentas) alertó de que «cerca del 90 por ciento de los recursos de crédito destinados para garantizar la producción agraria y la sostenibilidad alimentaria durante esta época de pandemia se están concentrando en manos de beneficiarios que los están utilizando en actividades no productivas».

Las colocaciones del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO) entre el 1 de enero y el 31 de marzo pasados -explicó entonces el organismo- superan los 6,1 billones de pesos (unos 1.500 millones de dólares), de los cuales el 78 por ciento, 4,8 billones de pesos (unos 1.200 millones de dólares) «han sido para los grandes beneficiarios».

«Los medianos productores han recibido 710.000 millones de pesos (unos 176 millones de dólares), mientras que los pequeños, incluidos en esta franja aquellos cuyos activos no superan los 280 salarios mínimos, han recibido 630.000 millones (unos 156 millones de dólares), suma considerada pequeña dentro de ese universo», añadió la Contraloría.

Los Desplazados

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) advirtió este sábado (25.04.2020) que en el primer trimestre del año más de 10.000 colombianos fueron desplazados por el conflicto armado y otros 7.300 están confinados en diferentes regiones del país.

En su informe, el organismo de la ONU agregó que más de 19.500 personas se vieron afectadas entre enero y marzo por «eventos asociados a desastres naturales y más de 100 por minas antipersonal y otros artefactos explosivos no convencionales».

La OCHA también señaló que la cuarentena por la crisis del COVID-19, que comenzó el pasado 25 de marzo, «es un factor adicional que configura una múltiple afectación para poblaciones vulnerables ya afectadas». Esto agudiza «las necesidades ante las precarias condiciones de vida que presentan y enfrentando enormes dificultades para acceder a los bienes y servicios básicos para la supervivencia», observó.

Muerte de activistas continua

Al menos 19 defensores de derechos humanos y líderes sociales han sido asesinados en Colombia en lo que va de 2020, recordó Rupert Colville, el portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Colville calificó de «profundamente preocupante» la situación concreta del departamento del Cauca, en el sur del país, donde al menos 13 activistas de derechos humanos han sido asesinados desde el comienzo del año, tres de ellos en los últimos días.

«Hugo de Jesús Giraldo, un líder social, fue asesinado el 22 de abril en Santander de Quilichao, y el pasado fin de semana murieron otros dos líderes sociales, Mario Chilhueso y Teodomiro Sotelo», detalló Colville en rueda de prensa.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos también ha registrado un aumento del acoso y las amenazas contra agricultores, pueblos indígenas y afrodescendientes en Cauca, y una intensificación de los incidentes armados entre las bandas armadas y las fuerzas de seguridad.

«Pedimos a todos los involucrados en esta violencia que detengan los enfrentamientos, en línea con la petición del secretario general de Naciones Unidas (Antonio Guterres) de un alto el fuego mundial para poder implementar las medidas de prevención de la COVID-19», señaló el portavoz.

La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, recordò que las medidas excepcionales y de emergencia adoptadas ante la pandemia de coronavirus no deben servir de pretexto para que los gobiernos intenten aplastar la disidencia o reducir los espacios cívicos.
La necesidad de las medidas de excepción fue reconocida por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU , debido a razones de salud pública, pero al mismo tiempo se ha advertido que no deben usarse contra la oposición, para controlar a la población o para prolongar la estancia de un líder y su entorno en el poder.

La incógnita: Venezuela

Por último, la situación en el vecino más importante de Colombia, Venezuela, afecta al país de varias maneras. En primer lugar, por el gran número de venezolanos asentados en su territorio (aproximadamente un millón, que han llegado masivamente en los últimos 3 años). Estos migrantes constituyen un verdadero desafío para el sistema de asistencia sanitaria y económica. Ellos están sobrerrepresentados en el sector de los servicios (especialmente en la entrega de comercio a domicilio en las ciudades), y se exponen para impedir que otros abandonen sus hogares y puedan respetar el confinamiento estricto. Sin mayores fuente de ingresos, sin vínculos familiares, sin apoyo social y desahuciados de sus hogares, muchos de ellos inician el viaje de regreso a su país a pie.

Como resultado de estos movimientos migratorios, es probable que la situación en la frontera se convierta en un tema delicado de salud, especialmente porque Venezuela está atravesando una crisis económica que también está afectando a los hospitales. Esta crisis se ve agravada por las sanciones impuestas por los Estados Unidos, que, por ejemplo, prohíbe la venta de respiradores a ese país.

Un segundo motivo de preocupación son las atronadoras declaraciones de Donald Trump (el 26 de marzo, en plena crisis sanitaria en Nueva York, tuvo tiempo para ponerle precio a la cabeza del presidente Nicolás Maduro).

Las maniobras militares en la frontera ya han comenzado, con la aprobación del presidente Duque, que siempre ha sido favorable a una intervención armada de los Estados Unidos, y que la ha alentado. Además, un Trump que ha sido catastrófico en la gestión de la crisis del coronavirus en su propio país podría encontrar en una intervención armada en el exterior una forma de mejorar sus posibilidades de ser reelegido.

el manejo errático del gobierno de Duque, en este país como en otros, el virus hace visibles las grietas de la sociedad. Estas son profundas: violencias, desigualdades socioeconómicas, privatización de la salud, precariedad de los profesionales llamados al rescate. Es probable que estas viejas cuentas no saldadas, así como la política de interferencia belicosa en Venezuela, agravarán la pandemia… a la vez que la pandemia empeorará esta serie de problemas.

En lo inmediato, en lo que se refiere al “frente interno”, queda por esperar que los sectores organizados de la sociedad, y en particular los sindicatos, que se han visto sumamente debilitados en los últimos años, puedan encontrar la fuerza para hablar con una voz más firme ante un gobierno indiferente a la suerte de su pueblo. En el “frente externo”, y en particular en lo que toca a las maniobras de Estados Unidos (en conjunto con Colombia) contra Venezuela, es de esperar que la comunidad internacional no se deje engañar con respecto a lo que se está jugando allí.