EN TIEMPOS DE COLERA

MÁS DE 100 AÑOS DE REALISMO TRÁGICO

Los registros sobre masacres existen desde 1951 con el asesinato en Ataco, Tolima, de 13 personas. La masacre en Líbano, también en Tolima en 1952, en la que se calcula que aproximadamente 1500 personas fueron asesinadas, por el gobierno de Laureano Gómez, en respuesta a una emboscada. Este se anticipó a la “seguridad democrática”.

Entre el 8 y el 9 de junio de 1954, durante el Gobierno dictatorial del general Gustavo Rojas Pinilla, el Batallón Colombia que regresaba de la Guerra de Corea luchando del lado de los EEUU, cometió la masacre de los estudiantes, asesinando a 13 alumnos de la Universidad Nacional de Colombia que marchaban para conmemorar el día del estudiante caído. Esto también me sigue sonando muy de ahora.

A medida que el conflicto interno colombiano se iba agudizando, pese a que la versión oficial no lo reconociera, y que la violencia se institucionalizaba, surgieron nuevos actores. Guerrillas, paramilitares, autodefensas, narcotraficantes, narcopolíticos, narcogobernantes con sus escuadrones de la muerte. Generadores de violencia, terror, asesinato y más masacres. Maestros, periodistas, abogados, jueces, defensores de DDHH, activistas sociales, religiosos, comunidades étnicas, personas lgtbi+, o funcionarios honrados, que también los hay. Nadie estaba a salvo de convertirse en “objetivo”, cualquiera podía tener la diana en el cuello…. Igual que hoy.

En los 80ts y los 90ts, en menos de 10 años, fueron asesinados 5 candidatos presidenciales. Tres de la Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal en 1987, Bernardo Jaramillo Osa en 1990 y Manuel Cepeda Vargas en 1994. Uno del Partido Liberal con su ala rupturista del Nuevo Liberalismo, Luis Carlos Galán en 1989. Y el quinto, Carlos Pizarro, candidato del exmovimiento guerrillero M19, desmovilizado tras unos acuerdos de paz y convertido en partido político, asesinado en 1990. Todos tenían en común haber enfrentado el establishment político y denunciado los nexos entre el poder político tradicional y el narcotráfico, lo que los convirtió en una amenaza para los intereses de la oligarquía colombiana y les puso la mira de sus esbirros, que no dudaron en amenazar y cumplir sus amenazas.

Desde 1960 y hasta 2018 se habían contabilizado 24.518 víctimas la mayoría, pertenecientes a la población civil. Y si esas fueron las contabilizadas, nunca sabremos el número real de víctimas que “la violencia”, ese ente autónomo, ha causado entre los colombianos. Varias de esas masacres, que fueron perpetradas por paramilitares en complicidad con militares, se dirigieron contra integrantes de la Unión Patriótica, un partido político de izquierdas surgido como un eslabón para los procesos de conversaciones de paz entre el gobierno y las guerrillas, hasta conseguir su práctico exterminio.

Con el recrudecimiento del conflicto aumentaron las masacres por parte de los distintos grupos armados acusando a civiles de ser miembros o colaboradores de sus rivales. Las dinámicas del paramilitarismo, los terratenientes y el narcotráfico por la posesión de tierras o en enfrentamientos entre estos grupos, a su vez aumentaron los asesinatos, los despojos y el desplazamiento forzado en Colombia. Durante los dos Gobiernos del “gran colombiano”, adalid de la Seguridad Democrática entre 2002-2010, el ejército y otros agentes del Estado asesinaron a 6402 personas para presentarlos como guerrilleros combatientes y hacer ver que se estaba ganando la guerra, que estaban “pacificando la patria”.

Pero mientras esto ocurría por todo el país, especialmente en los campos y zonas rurales, la versión oficial de los políticos y los medios dominantes nos seguía contando que “la violencia” era cosa de unos pocos desadaptados que querían revertir el orden constitucional y acabar con la paz de la que disfrutaba la “gente de bien”. Y muchos desde la aparente tranquilidad de sus casas, en las ciudades, se lo creían y se lo siguen creyendo. Otros nunca nos lo hemos creído.